En un país donde la confianza en el Congreso está bajo mínimos, los representantes del pueblo vuelven a demostrar que legislan para sí mismos, no para quienes los eligieron. La última jugada de algunos congresistas peruanos, muchos de ellos dueños de universidades privadas, es una prueba más de su desconexión con la realidad: han impulsado una ley que exige que cualquier empleo en el país solo pueda ser ocupado por personas con título universitario, siempre y cuando hayan pagado por su bachillerato y diploma.
Una ley hecha a la medida de sus bolsillos
Para entender la gravedad de esta propuesta, hay que ver quiénes están detrás. No es coincidencia que varios de los congresistas que apoyan esta iniciativa sean dueños, socios o tengan vínculos con universidades privadas. En lugar de promover una educación accesible y de calidad para todos los peruanos, parecen más interesados en llenar las aulas de sus instituciones a cualquier costo, incluso si eso significa condenar al desempleo a millones de técnicos, profesionales autodidactas y personas que no tuvieron los recursos para pagar una carrera universitaria.
¿Qué pasa con los técnicos y otros profesionales? Esta ley desincentiva el acceso a carreras técnicas, las cuales son fundamentales para el desarrollo del país. Electricistas, mecánicos, técnicos en informática, cocineros y muchos otros profesionales quedarían relegados a la informalidad o condenados al desempleo.
Hipocresía descarada
Lo más indignante es que, para ser congresista en Perú, no se requiere ningún título, bachillerato, ni siquiera educación secundaria completa. Entran al Congreso personajes con antecedentes penales, acusaciones de corrupción y cero preparación académica, y aun así, son quienes deciden el futuro de millones de peruanos.
¿Cómo pueden exigir lo que ellos mismos no cumplen? Es absurdo que estas personas, muchas de las cuales no tienen la preparación adecuada para legislar, pretendan imponer requisitos desmesurados a quienes buscan empleo en un país donde el acceso a la educación superior sigue siendo un privilegio.
¿Quién pagará el precio?
La respuesta es sencilla: el pueblo. Los jóvenes de familias de bajos recursos, quienes no pueden costear una universidad y mucho menos los costos asociados al bachillerato y diploma, verán cerradas las puertas del mercado laboral. La informalidad crecerá aún más, profundizando las desigualdades y perpetuando la crisis económica del país.
Mientras tanto, los congresistas y sus aliados se llenarán los bolsillos con el dinero de quienes, desesperados por conseguir empleo, tendrán que endeudarse para cumplir con estas absurdas exigencias.
Una sociedad que necesita un cambio
El problema no es solo esta ley, sino el sistema que permite que personajes sin escrúpulos lleguen al Congreso. En un país donde se exige más a un técnico electricista que a un congresista, es evidente que las prioridades están completamente invertidas.
¿Hasta cuándo permitiremos que legislen para sus propios intereses? Es hora de exigir un Congreso con filtros reales, donde los candidatos tengan antecedentes limpios y preparación suficiente para legislar con responsabilidad. También es momento de rechazar leyes que beneficien a unos pocos a costa de la mayoría.
Los peruanos merecen representantes que trabajen por el bienestar común, no por sus bolsillos. Si permitimos que esta ley avance, el futuro del empleo en Perú quedará hipotecado a los intereses de unos cuantos. ¿Es eso lo que queremos para nuestro país?
El Congreso debería ser un lugar para los mejores, no un refugio para delincuentes.
