Durante décadas, pagar impuestos fue entendido como parte natural del contrato social. Vivir o tener un negocio en un lugar implicaba aceptar ciertos costos a cambio de beneficios claros: seguridad, orden, infraestructura, clientes con poder adquisitivo y un entorno que permitiera trabajar y crecer. En ese contexto, los impuestos tenían sentido. Eran, en teoría, la contraprestación por formar parte de un ecosistema que funcionaba.
Pero ¿qué ocurre cuando ese equilibrio se rompe?
El impuesto como “peaje territorial”
En muchos países y regiones, hoy existe un impuesto implícito por el simple hecho de estar allí. No importa si el negocio prospera gracias a internet, si los clientes vienen de otros países o si el ingreso no depende en absoluto de la economía local: el Estado y la región reclaman su parte solo porque resides físicamente en ese territorio.
Antes, esto era comprensible. El lugar te daba clientes, visibilidad, tránsito, seguridad, policías en las calles, estabilidad. Era lógico que cobrara impuestos por “darte acceso” a ese mercado.
El problema surge cuando el territorio deja de ofrecer valor, pero el cobro no solo se mantiene, sino que aumenta.
Inseguridad total, impuestos máximos
La contradicción es brutal:
- Calles inseguras
- Extorsión a pequeños negocios
- Imposibilidad de emprender siquiera frente a tu propia casa
- Delincuencia organizada actuando con total impunidad
- Policías ausentes o incapaces de protegerte
Y aun así, impuestos elevados, multas, fiscalizaciones y exigencias como si vivieras en una ciudad ordenada y funcional.
Aquí el impuesto deja de ser una contribución y se convierte en un castigo por residir.
El mensaje implícito es claro:
“No te protegemos, no te damos seguridad, no fomentamos la economía local… pero págame igual.”
El mundo cambió, los impuestos no
Hoy, una enorme cantidad de personas ya no depende del lugar donde vive para generar ingresos:
- Streamers
- Creadores de contenido
- Programadores
- Freelancers
- Traders
- Trabajadores remotos
Sus ingresos llegan desde otros países, otras economías, otros mercados. El barrio, la ciudad o incluso el país no aportan clientes, ni infraestructura clave, ni seguridad para ese trabajo.
Entonces surge la pregunta incómoda:
¿Por qué un país o región que no te cuida, no te protege y no mantiene el orden quiere cobrarte altos impuestos por un ingreso que no depende en absoluto de ese lugar?
El impuesto sin contraprestación es abuso
Cuando el Estado falla en lo esencial —seguridad, justicia, orden— pero mantiene o incrementa la presión fiscal, el impuesto deja de ser legítimo a los ojos del ciudadano.
No se percibe como contribución, sino como:
- Abuso
- Exacción forzada
- Castigo por no poder irte aún
- Aprovechamiento de quien no tiene salida inmediata
Peor aún: en lugar de bajar impuestos para retener población y actividad económica, muchos gobiernos responden a la inseguridad subiendo impuestos, como si el problema fuera que el ciudadano no paga lo suficiente y no que el sistema no funciona.
El resultado inevitable: huida y colapso
La consecuencia es predecible y ya está ocurriendo:
- La gente se va
- Los negocios cierran
- El trabajo se digitaliza y se desvincula del territorio
- Los jóvenes no proyectan su futuro allí
Y cuando quienes generan ingresos se van, la base tributaria se reduce. Entonces el Estado entra en un círculo vicioso: menos recaudación → más impuestos a los que quedan → más fuga → menos recaudación.
Al final, ni siquiera el objetivo fiscal se cumple.
Nadie tolera el abuso indefinidamente
Ninguna sociedad puede sostenerse cuando el ciudadano siente que:
- Paga mucho
- Recibe nada
- Vive con miedo
- Y encima es tratado como culpable o evasor
Si las cosas siguen así, no solo nadie querrá vivir en ese lugar o país, sino que lo poco que aún se recauda también se perderá. Porque ningún ingreso, por alto que sea, justifica vivir bajo extorsión, inseguridad y presión fiscal sin retorno.
Conclusión
Los impuestos solo son legítimos cuando existe una contraprestación real. Seguridad, orden y oportunidades no son lujos: son la base mínima del contrato social.
Cuando el Estado no cumple su parte, pero exige cada vez más, el problema ya no es económico: es moral. Y ningún sistema basado en el abuso puede sostenerse en el tiempo.
El mundo cambió. La economía cambió.
Pero algunos gobiernos aún no entienden que el ciudadano ya no está atrapado, y que exigir sin dar solo acelera su propia decadencia.
