El reciente conflicto entre Brasil y la red social X (anteriormente conocida como Twitter) ha marcado un hito importante en la defensa del Estado de derecho frente a la desinformación en internet. Tras 39 días de bloqueo judicial, los brasileños han recuperado el acceso a X, en un episodio que resalta cómo las democracias pueden enfrentar con éxito los desafíos planteados por grandes plataformas tecnológicas.
Este conflicto comenzó cuando el juez Alexandre de Moraes, encargado de investigar el asalto bolsonarista a las instituciones en enero de 2023, ordenó el bloqueo de cuentas de nueve personas relacionadas con los ataques. A pesar de que X ya había cumplido con solicitudes de Gobiernos como los de Turquía o India en casos similares, esta vez se resistió a acatar la orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Ante la negativa, el tribunal impuso multas a la empresa de Elon Musk, que retiró a su representante legal en Brasil en señal de desafío. Esta situación desembocó en la suspensión completa de la red social en el país.
Finalmente, X cedió a la presión, nombró un nuevo representante legal, bloqueó las cuentas solicitadas y pagó una multa de 4,5 millones de euros. Este desenlace demostró que ni la influencia de un magnate multimillonario ni su populismo digital, que en este caso llegó a afirmar que los brasileños debían «elegir entre Moraes o la democracia», pudieron doblegar a las instituciones brasileñas.
Durante las semanas de suspensión, tanto el Gobierno de Lula da Silva como los usuarios migraron a otras plataformas, como Bluesky, lo que debilitó temporalmente a X en uno de los mercados más importantes de América Latina. Este escenario no solo evidenció la capacidad de respuesta de Brasil ante las prácticas negligentes de la red social, sino que también envió un mensaje claro a Elon Musk y sus anunciantes: los caprichos ideológicos y la falta de responsabilidad pueden afectar gravemente los negocios en el entorno digital.
Aunque muchos usuarios regresarán a X tras el restablecimiento del servicio, el episodio ha dejado en claro que las plataformas no son irremplazables. Para algunos, la suspensión temporal fue una oportunidad para descubrir nuevas alternativas que les permitieron vivir sin X. Además, los anunciantes, preocupados por la inestabilidad y los riesgos de verse excluidos de mercados clave, están ahora más alerta.
Lo más importante es que este caso establece un precedente para otros países y bloques, como la Unión Europea, sobre cómo enfrentar el comportamiento irresponsable de las grandes plataformas. Aunque la actuación del juez Moraes no estuvo exenta de controversias —como la congelación de cuentas bancarias de Starlink, también propiedad de Musk pero sin relación directa con X—, dejó claro que los gobiernos democráticos tienen el poder y los mecanismos para exigir rendición de cuentas a las empresas tecnológicas cuando éstas facilitan la propagación de desinformación y discursos de odio.
Este conflicto marca una lección valiosa para el mundo: las democracias pueden y deben enfrentarse a los gigantes tecnológicos para proteger la integridad del espacio público y el orden social.
