La delincuencia y la extorsión en Lima, Perú, han alcanzado niveles alarmantes en 2024, afectando tanto a la capital como a diversas provincias. La criminalidad, particularmente en forma de extorsión a negocios locales, ha forzado a muchos dueños a cerrar sus tiendas, restaurantes y otros establecimientos comerciales. Esta situación ha dejado muchas propiedades comerciales vacías y en alquiler, lo que resalta la magnitud del problema.
Los extorsionadores operan a través de amenazas directas, exigiendo pagos a cambio de «protección». Aquellos que no cumplen enfrentan la posibilidad de sufrir ataques, lo que ha generado un clima de miedo e inseguridad. Este tipo de actividad delictiva ha crecido, en parte, por la impunidad y la complicidad de ciertos sectores de las autoridades, ya que algunas mafias logran sobornar a la policía local para que ignoren estas actividades o incluso las faciliten.
En Lima, esta crisis afecta a casi todas las zonas, desde los barrios populares hasta los distritos más comerciales. Los pequeños empresarios son los más vulnerables, y la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno agrava la situación. Sin embargo, la problemática no es exclusiva de la capital; regiones como Trujillo, Chiclayo y Piura también han sido fuertemente golpeadas por estos mismos problemas.
El aumento de la criminalidad ha generado un impacto socioeconómico devastador, con negocios que cierran y familias que pierden su fuente de sustento. La delincuencia organizada ha alcanzado un nivel nunca antes visto en el país, lo que plantea preguntas sobre cómo se puede detener esta ola de violencia.
A nivel de soluciones, muchos ciudadanos exigen una reforma integral de las fuerzas del orden, mayor presencia policial y una lucha firme contra la corrupción dentro de las instituciones que deben velar por la seguridad. Sin embargo, el camino para combatir este flagelo parece complejo y lleno de desafíos.
Conclusión: La delincuencia y la extorsión en Lima y otras partes de Perú han alcanzado un punto crítico. La combinación de amenazas a negocios, corrupción policial y falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades deja a la población en una situación de indefensión. La solución requerirá un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional para frenar el avance de las mafias y restaurar la paz en las zonas afectadas.
